Todos los inmuebles de vivienda en régimen de propiedad horizontal tiene que hacer obras antes del 4 de diciembre de 2017, para garantizar que las personas con discapacidad puedan hacer uso de los elementos comunes en las mismas condiciones que los demás vecinos.
Según el R. D. legislativo 1/2013 en el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de las personas con discapacidad y su inclusión social.
Las obras para quitar obstáculos no son baratas, aunque la ley acota los futuros desembolsos. La adecuación al cumplimiento de la normativa para facilitar dicho acceso no puede suponer una “carga desproporcionada o indebida. La carga es desproporcionada cuando el coste de las obras repercutido anualmente, descontando las subvenciones y ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes”. Según recoge la ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, que modifica los artículos 10 y 17 de la LPH.
Siempre que no superen las 12 mensualidades anuales, los gastos deben ser abonados por los propietarios. En el caso de que el presupuesto sea superior entonces tendrán la necesidad de convocar una junta y la votación debe ser favorable de la mayoría de las cuotas de participación. En el caso, que los vecinos que hayan solicitado las obras abonen el resto del coste por su cuenta, todos los demás estarán también obligados a pagar sus 12 mensualidades.
La novedad es importante ya que la normativa establece un concepto de accesibilidad universal, de tal manera que hay que adaptar los edificios no solo para acceder a las viviendas si no también a las zonas comunes de la urbanización (piscinas, jardines, gimnasios, pistas deportivas, etc.)
El mercado ofrece una amplia gama de soluciones al margen de los ascensores, que son obras más costosas, que pueden encajar dentro de la normativa.
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